Indignados por la invasión rusa de Ucrania, gobernadores y legisladores estatales de ambos partidos están tratando de imponer sus propias sanciones económicas.
Los gobernadores de al menos 11 estados –Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Massachusetts, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nueva York y Virginia– están presionando a las entidades estatales para que revisen o suspendan sus vínculos financieros con empresas rusas.
Los legisladores de al menos siete estados –California, Illinois, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Sur y Virginia Occidental– propusieron proyectos de ley de desinversión. Algunos organismos estatales anunciaron planes para cortar los nexos con empresas rusas. Y los gobernadores de al menos una docena de estados emitieron órdenes ejecutivas o enviaron cartas a los reguladores de bebidas alcohólicas y a las tiendas estatales para que suspendan la venta de vodka y otras bebidas alcohólicas procedentes de Rusia.
El representante del estado de Illinois Jim Durkin, republicano y líder de la minoría en la Cámara de Representantes, dijo que quiere que su proyecto de ley de desinversión se apruebe en la legislatura lo antes posible. Espera que otros estados adopten medidas similares.
"Hagamos de esto un movimiento nacional", dijo.
La ola de sanciones estatales será probablemente más simbólica que sustantiva, dicen expertos. Los fondos de pensiones y los organismos estatales no dependen en gran medida de las empresas rusas. Los productos rusos no tienen una presencia importante en los estantes de las tiendas estadounidenses.
Algunas de las propuestas de sanciones también pudieran plantear cuestiones legales. El gobierno federal tiene autoridad sobre la política exterior, por lo que las sanciones estatales que entren en conflicto con las federales pudieran ser inconstitucionales, dijo Salar Ghahramani, profesor asociado de derecho empresarial y derecho y política internacional en la Universidad Estatal de Pensilvania en Abington.
Las prohibiciones estatales a los productos de fabricación rusa pudieran violar la Constitución de Estados Unidos o el derecho internacional si entran en conflicto con acuerdos comerciales, dijo. O las sanciones estatales pudieran violar las normas sobre obligaciones fiduciarias en materia de pensiones si acaban reduciendo el valor de los fondos de pensiones.
Pero incluso como simbolismo, las sanciones estatales tienen valor, dijo Gary Hufbauer, miembro sénior no residente del Peterson Institute for International Economics, un grupo de análisis con sede en Washington, D.C.
Hufbauer dijo que el aumento de la actividad a nivel estatal demuestra el apoyo popular a las sanciones impuestas a Rusia por la administración de Biden. "Lo que hace ese simbolismo es reforzar lo que está ocurriendo a nivel nacional, con todas las sanciones económicas de gran calado de diversos tipos".
Aunque no es probable que la acción estatal afecte materialmente a la economía rusa, dijo, "añade peso moral. Y eso es importante".
Los tribunales han anulado en el pasado sanciones a nivel estatal, argumentando que la ley federal tiene prioridad sobre esas leyes. La Corte Suprema anuló en 2000 las sanciones impuestas por Massachusetts a Birmania, y un tribunal federal dictaminó en 2007 que las sanciones de Illinois a Sudán eran inconstitucionales.
Pero eso no ha impedido que los gobernadores y las legislaturas intenten cortar los lazos con las empresas que hacen negocios con gobiernos a cuyas acciones se oponen, desde la Sudáfrica de la época del apartheid hasta Irán y Cuba.
Las sanciones son un asunto familiar para el senador demócrata del estado de Pensilvania Sharif Street. Su padre, John F. Street, impulsó la desinversión de Filadelfia en la Sudáfrica del apartheid cuando era concejal en la década de 1980.
Street hijo está solicitando ahora copatrocinadores para un proyecto de ley que exigiría a los fondos de pensiones y al tesorero del estado de Pensilvania que abandonen las inversiones en empresas que hacen negocios con Rusia. El proyecto de ley ha obtenido apoyo bipartidista y bicameral, dijo Street, aunque el lenguaje no se ha finalizado todavía.
En Nueva York, el senador estatal demócrata Elijah Reichlin-Melnick tiene previsto presentar un proyecto de ley que exigiría al Estado bloquear los contratos con empresas que hacen negocios en Rusia y eliminar las inversiones en ellas. También citó como inspiración las sanciones de la época del apartheid.
"Para mí, esta es la misma idea general", dijo Reichlin-Melnick. "Usamos el poder que tenemos económicamente y hacemos que una empresa tome una decisión".
El proyecto de ley de Illinois y la legislación propuesta en Nueva York y Pensilvania se traslapan con las medidas de desinversión que los gobernadores de sus estados –o, en el caso de Pensilvania, el tesorero del estado– ya han tomado. Sin embargo, los legisladores siguen adelante.
Aunque el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, pidió a los sistemas de pensiones estatales que estudien la posibilidad de abandonar las inversiones en empresas y activos rusos, Durkin dijo que la legislación sobre este tema garantizaría la codificación de la desinversión en la legislación estatal.
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, ha ordenado a los organismos estatales y a las empresas con beneficios públicos que corten sus vínculos con empresas con sede en Rusia o que ayuden a la invasión. La oficina de Reichlin-Melnick dijo en un comunicado que su legislación iría más allá de la orden de Hochul al dirigirse a las empresas con cualquier vínculo comercial con el gobierno ruso.
"El objetivo del proyecto de ley del senador es tratar a Rusia del mismo modo que se trata a Irán y a Corea del Norte, como parias internacionales", escribió Evan Menist, jefe adjunto de personal y director de comunicaciones.
En Alaska, los legisladores están instando a la Alaska Permanent Fund Corp., que gestiona los ingresos petroleros del estado en nombre de los residentes, a desinvertir en Rusia. Aunque los funcionarios del fondo dijeron a principios de esta semana que no tenían previsto desinvertir, afirmaron que "mitigarían cualquier problema relacionado con las sanciones."
El efecto económico de las sanciones estatales –y los problemas legales que plantean– puede depender de la amplitud de su redacción y del número de empresas que se incluyan en la lista negra, según los expertos.
Hasta ahora, el impacto ha sido pequeño.
En Colorado, por ejemplo, el gobernador demócrata Jared Polis pidió al fondo de pensiones estatal y a la oficina del tesorero que abandonaran las inversiones en empresas de propiedad rusa y ordenó a los organismos estatales que cancelaran los contratos con empresas de propiedad rusa. Pero la oficina del tesorero anunció que no tiene activos de propiedad rusa. Colorado no tiene contratos en curso con empresas de propiedad estatal rusa, dijo Conor Cahill, secretario de prensa del gobernador, en un correo electrónico a Stateline.
La Asociación de Jubilación de Empleados Públicos de Colorado identificó unos 8 millones de dólares invertidos en empresas estatales rusas, dijo el portavoz Patrick von Keyserling en un correo electrónico a Stateline. Pero eso es alrededor del 0.01% de las participaciones totales del fondo de pensiones.
La petición de Polis de retirar esos activos es "coherente" con las sanciones impuestas por la Tesorería de Estados Unidos, añadió Von Keyserling. La Tesorería congeló los activos de algunos bancos rusos, y bloqueó a los bancos rusos y a las empresas afiliadas al gobierno ruso la emisión de deuda o la obtención de capital en Estados Unidos.
En Nueva York, el interventor estatal Tom DiNapoli dijo en un comunicado de prensa que el fondo de jubilación de Nueva York para los empleados estatales tiene una "exposición mínima a la economía rusa". El fondo tiene unos 110.8 millones de dólares invertidos en empresas rusas, según el comunicado. Eso supone alrededor del 0.04% de sus participaciones totales.
Los organismos estatales a los que se ha pedido que abandonen el vodka ruso han dicho que ese licor comprende una pequeña parte de las ventas de bebidas espirituosas. La Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Pensilvania dijo a The Philadelphia Inquirer, por ejemplo, que el vodka ruso representó alrededor del 0.06% del total de las ventas de bebidas alcohólicas en el estado durante el año pasado.
Aunque muchas marcas de vodka tienen nombres rusos, solo unas cuantas son auténticamente rusas, dijo Mark Schrad, profesor asociado de ciencias políticas de la Universidad de Villanova que ha escrito un libro sobre la política del vodka.
"Todo el mundo se centra en las marcas que suenan como rusas, como Smirnoff y Stolichnaya", dijo sobre las marcas de vodka. Pero Smirnoff, por ejemplo, está dirigida por un gigante de las bebidas con sede en Londres y se fabrica en 11 países (sin incluir Rusia). Y Stolichnaya, aunque se comercializa como vodka ruso, se fabrica en Letonia. "[Smirnoff] no tiene nada que ver con Rusia, salvo el nombre ruso", dijo Schrad.
En general, Estados Unidos y Rusia realizaron unos 34,900 millones de dólares en comercio en 2019, según la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, la agencia federal que dirige la política comercial. Las principales importaciones de Rusia ese año fueron combustibles fósiles, metales y piedras preciosas, hierro y acero, fertilizantes y productos químicos inorgánicos, según la agencia.
En cambio, ese año se movieron cientos de miles de millones de dólares en bienes y servicios entre Estados Unidos y cada uno de sus principales socios comerciales: Canadá, México y China.
Schrad dijo que aunque los boicots a la bebida rusa son en gran medida simbólicos, suficientes acciones –desde publicaciones en las redes sociales hasta plantar una bandera ucraniana en el patio trasero– todavía pueden sumar un poderoso mensaje de oposición a la invasión rusa y de apoyo a Ucrania.
"Con suficientes acciones simbólicas, se puede demostrar que no se trata de algo insignificante, que no es un gesto insignificante", dijo. "Esto es una especie de respuesta mundial".
