Este año, tanto los gobernadores republicanos como los demócratas están ejerciendo presión para que se le pague más —y, en algunos casos, se le dé más formación— a profesores, policías, personal sanitario y otros profesionales que han demostrado ser esenciales durante la pandemia del coronavirus.
Plantean sus propuestas tanto como un "Gracias" para los trabajadores de primera línea como un esfuerzo para contratarlos y conservarlos en medio de un escaso mercado laboral. Además, gracias a la prosperidad de la economía y a la ayuda federal surgidas a raíz del COVID-19, los gobernadores tienen mucho dinero para gastar.
"Ahora mismo no tenemos que elegir—podemos ser fiscalmente responsables al mismo tiempo que realizamos inversiones sin precedentes en nuestra gente y en nuestro futuro", dijo el demócrata Andy Beshear, gobernador de Kentucky, durante su discurso presupuestario de este mes.
Propuso conceder a todos los empleados del estado un aumento del 5 por ciento, así como gastar 400 millones de dólares en lo que denominó bonificaciones de "héroes" para trabajadores esenciales, como enfermeras, dependientes de supermercados y conductores de autobús.
Sin embargo, a pesar del apoyo general bipartidista entre gobernadores para aumentar los salarios, los legisladores republicanos y demócratas no siempre están de acuerdo respecto a quién debe recibir un aumento o una bonificación y cuánto dinero debe gastarse en los incentivos en cuestión.
En Kentucky, por ejemplo, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó la semana pasada un proyecto de presupuesto que aumentaría el salario de los trabajadores estatales en un 6 por ciento (algo que Beshear dijo que apoya), pero que no le daría a los profesores un aumento obligatorio (algo que Beshear quiere), sino que permitiría a los distritos elegir si ofrecen o no los aumentos; tampoco incluye las bonificaciones propuestas por el gobernador para otros trabajadores esenciales.
El presidente del Senado de Kentucky, el republicano Robert Stivers, dijo que los legisladores preferirían enviar más dinero a los distritos escolares y dejarles elegir cómo gastarlo. Los legisladores podrían estar abiertos a la propuesta de bonificar a trabajadores esenciales, dijo, si esas bonificaciones se dirigen más directamente a trabajadores que se enfrentan a un alto riesgo de exposición al COVID-19 en el trabajo. "Ahí es en donde creo que todo el mundo está bastante de acuerdo", dijo.
La pandemia por COVID-19 ha destacado la importancia de los trabajadores de primera línea, especialmente en las profesiones de cuidado médico. Los problemas de no contar con suficiente personal, debido a las enfermedades y a las normas de cuarentena, han hecho que a los hospitales se les dificulte atender a los pacientes, que las escuelas se esfuercen en enseñarle a los niños y que los padres que trabajan se empeñen en encontrar guarderías.
Resulta más complicado que nunca cubrir estos puestos de trabajo vitales. En este momento, hay más puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos que personas desempleadas en busca de trabajo. En los últimos años ha emigrado menos gente a Estados Unidos, se está jubilando más gente y los trabajadores están renunciando a un ritmo récord.
Los economistas afirman que las renuncias se deben a varias razones: algunos trabajadores renuncian porque están agotados a causa de la pandemia o porque no pueden encontrar una guardería, y, con tantos empleadores aumentando el salario y ofreciendo atractivos beneficios a los candidatos, los trabajadores pueden irse más fácilmente a un puesto menos estresante o más lucrativo.
Los legisladores saben que el sector público debe adaptarse. "Vamos a tener que ser competitivos con el sector privado y lo sabemos", dijo Stivers en referencia a los puestos de trabajo del gobierno estatal. "Sabemos que, para atraer el talento que queremos, tenemos que cambiar nuestras escalas salariales".
Sin embargo, la política también determina las propuestas de aumento salarial. Por ejemplo, algunos gobernadores del Partido Republicano quieren dar aumentos a los agentes de la ley, como señal de apoyo a una institución que, según ellos, está bajo ataque de la izquierda. Algunos liberales pidieron que se recorte la financiación para la policía, argumentando que transferir parte de ese dinero a los servicios sociales contribuiría más a frenar la delincuencia.
"Mientras sea gobernador, Georgia siempre apoyará a los demócratas", dijo el gobernador republicano Brian Kemp durante su discurso sobre el estado del estado este mes. Kemp, que se presenta a la reelección este año, propuso aumentos salariales de 5,000 dólares para los empleados estatales, incluidos aquellos que están en las fuerzas del orden, y de 2,000 dólares para los profesores.
El presupuesto de Beshear y el presupuesto republicano de la Cámara de Representantes proponen un aumento de 15,000 dólares para los agentes de la policía estatal y un aumento de 8,000 dólares para los despachadores de la policía estatal.
Beshear se presentará a la reelección el próximo año. Las preocupaciones políticas también podrían haber influido en su propuesta, dijo Jason Bailey, director ejecutivo de Kentucky Center for Economic Policy, de tendencia izquierdista. "Probablemente, la retórica en torno a 'desfinanciar a la policía', con la que no quiere que se le asocie, ha desempeñado un papel importante", dijo Bailey acerca del gobernador.
Las tasas de renuncias en campos como la educación, la atención médica y la administración pública, al igual que en otros sectores, están aumentando.
"Se ve que la gente está dejando la enseñanza y que se está contratando a menos profesores", dijo Brad Hershbein, economista principal y subdirector de investigación de W.E. Upjohn Institute for Employment Research, una organización de investigación no partidista con sede en Kalamazoo, Michigan. "Y este parece ser también el caso de los trabajadores de la atención médica—de las enfermeras en particular".
Los estados contratan a un 5 por ciento más de personas en total comparado con cuando empezó la pandemia, según Bureau of Labor Statistics. Los hospitales actualmente contratan a un 2 por ciento más de personas que en marzo de 2020.
El COVID-19 ha hecho que muchos trabajos de primera línea sean más estresantes, dicen los defensores de los trabajadores. Las personas que desempeñan trabajos esenciales corren un mayor riesgo de enfermarse y contagiar a sus familias.
Los profesores se han pasado los dos últimos años pasando de la enseñanza en línea a la presencial y a la híbrida. Las enfermeras se enfrentan a pacientes y familias enojadas por las normas sobre mascarillas o por las largas esperas en las salas de urgencias. Los mandatos de vacunación han hecho que algunos trabajadores que no quieren vacunarse contra el COVID-19 renuncien o sean despedidos.
Y, a medida que más personas renuncian, aumenta la presión para que los demás trabajadores se encarguen de la carga extra de trabajo—lo que hace que el empleo, ya de por sí difícil, se vuelva aún más complicado.
"Ya teníamos escasez de personal antes del COVID, y el COVID ha agravado la situación", afirma Delanor Manson, directora general de Kentucky Nurses Association, un grupo profesional con sede en Louisville.
Las enfermeras están agotadas, sienten que no se les valora y están yendo en busca de trabajos menos estresantes, dijo, o se van a trabajar en agencias de enfermeros itinerantes, que envían a las enfermeras a trabajar por un corto periodo de tiempo por todo el país y que pueden pagarles tres o cuatro veces más que en un hospital. Mientras tanto, menos personas se matriculan en las escuelas de enfermería de Kentucky, dijo. "El año pasado teníamos 1,700 lugares disponibles".
Los trabajadores de la educación también se están sintiendo abrumados y buscan un mejor trato. "La carga de trabajo ha aumentado exponencialmente en los últimos años, y, especialmente por el COVID, la gente simplemente está agotada mentalmente y está buscando otras carreras", dijo Eddie Campbell, presidente de Kentucky Education Association, un grupo de defensa y presión.
Señaló que no son solo los profesores los que renuncian, sino que también lo hacen los trabajadores del transporte escolar, del servicio de comidas y de la limpieza. "Hay otros empleos que los están contratando con sueldos más altos", dijo.
Y también es más difícil para las agencias estatales cubrir puestos de trabajo clave, como de conductores de quitanieves, trabajadores sociales y policías estatales.
"He sido un agente durante 21 años, y actualmente nuestros números de personal son los más bajos que he visto en toda mi carrera", dijo el sargento Michael Murriell, comandante de la rama de reclutamiento de la Policía Estatal de Kentucky. Hay alrededor de 300 puestos de trabajo disponibles en la policía estatal, dijo, que es alrededor de un tercio de los puestos de trabajo para los que el estado suele tener el presupuesto.
"Hemos visto una media de unas cinco renuncias al mes, simplemente porque los salarios en el sector privado son lo que son actualmente", dijo Murriell.
La falta de inversión en las escuelas y los empleos estatales ha contribuido a los problemas de contratación actuales, dijo Dave Kamper, coordinador principal de políticas estatales de Economic Analysis and Research Network at the Economic Policy Institute, un grupo de expertos de izquierda con sede en Washington, D.C.
En la última década, los estados han recortado las prestaciones de jubilación y no han garantizado que los salarios sigan el ritmo de la inflación.
"Esto es lo que ha ocurrido después de una década de abandono del sector público tras la Gran Recesión", dijo Kamper. "Teníamos un sector público increíblemente frágil antes de que llegara esta pandemia, y ahora se está viendo que ya no puede aguantar más".
Los ingresos inesperadamente elevados y los fondos federales de ayuda para el COVID-19 dan a los dirigentes estatales la oportunidad de abordar el problema este año. Los estados pueden utilizar el dinero federal procedente del gigantesco American Rescue Plan Act del año pasado para ofrecer bonificaciones a los trabajadores esenciales, y así aumentar la plantilla del sector público en hasta un 7.5 por ciento.
"La mayoría de estos gobiernos, los estatales e incluso los locales, tienen tanto dinero como no lo tenían desde hace mucho tiempo", dijo Kamper.
Kentucky tiene un superávit presupuestario de 1,900 millones de dólares y otros 1,000 millones de dólares en fondos federales de ayuda en el banco, señaló Beshear en su discurso presupuestario. Eso es casi un 9 por ciento más de dinero de lo que el estado gastó en el año fiscal de 2019.
Los demócratas de Kentucky dicen que ya es hora de invertir en los trabajadores estatales. "Los empleados estatales de Kentucky no han visto un aumento significativo en sus salarios en 13 años", dijo el senador estatal Morgan McGarvey, el líder de la minoría. McGarvey añadió que ningún empleado estatal, aparte de los profesores, ha sido elegible para recibir una jubilación de beneficio definido desde 2014.
"Realmente ha habido una especie de desventaja para los empleados estatales", dijo.
Los gobernadores de todo el país están de acuerdo, por lo que presentan planes para contratar y retener a trabajadores clave, especialmente policías y profesores, aunque no necesariamente con el mismo aumento salarial propuesto.
La gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, quiere aumentar el sueldo de los profesores en un 7 por ciento y el de la policía estatal en un 20 por ciento; la gobernadora de Alabama, la republicana Kay Ivey, ha pedido que se aumente el sueldo de los empleados y profesores del estado en un 4 por ciento; y el gobernador de Missouri, el republicano Mike Parson, propuso aumentar el sueldo de los trabajadores estatales hasta un mínimo de 15 dólares la hora. (El salario mínimo del estado es de 11.15 dólares la hora).
Algunos líderes estatales también apoyan las bonificaciones de retención. La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, dijo que el estado dará una bonificación de 1,000 dólares a todos los agentes de la ley y a los correccionales. También anunció una bonificación de 1,000 dólares para los profesores que hayan trabajado durante la pandemia. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha propuesto una bonificación de 1,000 dólares para los profesores, así como un aumento de sueldo del 25 por ciento y una bonificación de 5,000 dólares para los agentes de la ley del estado.
Los legisladores demócratas de Oregón han propuesto bonificaciones de 1,000 dólares para las personas que trabajaron en empleos riesgosos y con bajos salarios en el sector público y privado durante el primer año de la pandemia.
Algunos gobernadores también están proponiendo nuevas inversiones para entrenamiento o para la reducción de los préstamos estudiantiles. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha propuesto gastar 1,700 millones de dólares a lo largo de tres años para entrenar, contratar y retener tanto a trabajadores como a asistentes sociales, enfermeros y psiquiatras. Beshear quiere gastar 79 millones de dólares en la condonación de préstamos estudiantiles para profesores y 25 millones de dólares en la condonación de préstamos estudiantiles para enfermeras.
Los legisladores y los gobernadores no están necesariamente de acuerdo en todos los detalles. Los demócratas de Kentucky dicen que están decepcionados al ver que los aumentos de sueldo de los profesores se dejan en manos de los distritos escolares, en el presupuesto republicano de la Cámara de Representantes, por ejemplo.
"Parece que no le estamos dando prioridad a los profesores, y me preocupa que vayamos a tener ganadores y perdedores cuando dejemos esa decisión en manos de los distritos escolares locales", dijo la diputada Angie Hatton, líder de la minoría, durante la reunión del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes la semana pasada.
Los defensores de los profesores dicen que lo ideal sería que los profesores recibieran un aumento anual para garantizar que su salario se mantenga al día con el costo de vida. "Nos gustaría ver aumentos salariales constantes cada año, para no quedarnos atrás", dijo Campbell, de Kentucky Education Association.
Dijo que su asociación también quiere un salario inicial mínimo de 40.000 dólares anuales para los profesores de todo el estado. En la actualidad, los salarios varían de un distrito a otro. El salario mínimo estatal inicial es de unos 28.000 dólares, según la asociación.
Las fuerzas económicas están impulsando en gran medida a los líderes estatales a apoyar los aumentos salariales, dijo Bailey, de Kentucky Center for Economic Policy. Pero los legisladores y gobernadores no dirigen un negocio del sector privado. Las decisiones que toman están motivadas por algo más que la economía.
"Es una decisión política", dijo. "No es una decisión empresarial".
