WASHINGTON— El presidente Joe Biden y los gobernadores republicanos rara vez coinciden en algo.
¿Será diferente la nueva ley de infraestructuras?
Los funcionarios federales y los gobiernos estatales han iniciado este año una ambiciosa asociación para implementar una mejora de un billón de dólares en la infraestructura de la nación, dinero que se puso a disposición el año pasado cuando Biden firmó una nueva ley de gastos que el Congreso aprobó con apoyo bipartidista.
Se trata de un proceso complicado y polifacético, dicen los funcionarios. Y todo el mundo está de acuerdo en que requerirá la cooperación entre el gobierno liderado por los demócratas y los 28 gobernadores republicanos, muchos de los cuales tendrán (junto con sus homólogos demócratas) amplia discreción respecto a dónde gastar el dinero que reciben por parte del gobierno federal.
Es una hazaña difícil de llevar a cabo, tomando en cuenta que la profunda polarización política hace que la "cooperación entre pasillos" sea una rareza. Pero será una necesidad para la administración de Biden.
"No hay forma de que esto ocurra sin una significante cooperación entre los funcionarios federales, los estatales y los locales", dijo Mitch Landrieu, a quien Biden designó en noviembre para dirigir la aplicación de la ley de infraestructuras. "No es funcionalmente posible".
En una entrevista, Landrieu subrayó que, en su opinión, la colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales comenzó bien, citando las conversaciones positivas que ha mantenido con gobernadores republicanos y demócratas por igual.
Y, de hecho, las inversiones en carreteras, puentes y otras formas de infraestructura física suelen considerarse menos controvertidas que la mayoría de las prioridades políticas, según los analistas independientes, razón por la que la ley pudo obtener el apoyo de 19 senadores del Partido Republicano cuando se aprobó el año pasado.
Pero las controversias también han empezado a salir a la luz. En diciembre, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott —un frecuente crítico de Biden—, envió una carta a las agencias estatales, diciéndoles que no aceptaran nada de dinero del paquete de gastos, el cual "obstaculizaría o limitaría innecesariamente" al estado o establecería un costo a largo plazo sin financiación.
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien tiene su propia relación polémica con el presidente, juzgó de insuficiente la cantidad de dinero que recibió su estado para reparar puentes. Y, a principios de este mes, 16 gobernadores del Partido Republicano escribieron una carta a Biden, advirtiéndole que "no intente impulsar una agenda social a través de fuertes inversiones en infraestructura".
Uno de los gobernadores que firmó la carta, Henry McMaster, de Carolina del Sur, dijo en una entrevista que se sentía frustrado a causa de las orientaciones de Federal Highway Administration de diciembre, que indicaban a los estados que debían dar prioridad a la reparación de las carreteras existentes en lugar de ampliar las mismas.
"Eso podría ser lo que Rust Belt necesita, podría ser lo que necesitan las grandes ciudades, pero no es lo que necesitamos los que estamos creciendo radicalmente, como es el caso de Carolina del Sur", dijo McMaster.
El memorando de FHWA era solo una orientación del gobierno federal, por lo que McMaster y otros gobernadores republicanos dicen que planean seguir hablando con los funcionarios de la Casa Blanca para obtener más flexibilidad.
Pero McMaster dijo que la experiencia ya lo está exasperando en lo concerniente a la ley de infraestructura, argumentando que los funcionarios federales están malinterpretando cómo la ley fue escrita originalmente. Si la directiva no se cambiara, dijo, "sería motivo de una demanda".
"Resultó, considerando este adelanto de lo que está por venir, que esto no es bipartidista en absoluto", dijo McMaster. "Apuesto a que podrías preguntarle a los estados qué piensan al respecto y te dirían que se trata de algo que es contrario a sus necesidades".
FHWA confirmó que recibió una carta del 12 de enero del Departamento de Transporte de Carolina del Sur, y dijo que la agencia estaba revisando todos los comentarios presentados "de forma continua, mientras implementamos la Ley de Infraestructura Bipartidista".
DeSantis, posible candidato presidencial para 2024, también ha criticado repetidamente la aplicación de la ley.
Cuando el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció este mes cuánto recibirían los estados para la reparación de puentes bajo la ley, y la financiación de Florida quedó rezagada con respecto a otros estados, DeSantis acusó a la administración de Biden de "perjudicar a Florida una vez más" y de intentar "castigar a los estados que están teniendo éxito".
La administración de DeSantis cuestionó cómo Connecticut, por ejemplo, iba a recibir más de 560 millones de dólares para la reparación de puentes, a pesar de tener una población más pequeña y un menor número de puentes identificados como en mal estado, en comparación con los 245 millones de dólares para Florida.
Un portavoz de la Administración Federal de Carreteras, agencia que supervisa la distribución de los fondos para puentes, dijo que la cantidad de dinero asignado era resultado de una fórmula ordenada por el Congreso, y que la cantidad de dólares por estado "no se basa en el recuento de puentes en mal o buen estado, sino que se basa en el coste de reemplazar o rehabilitar esos puentes, respectivamente".
Un escenario similar se produjo la semana siguiente, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos anunció los proyectos que financiaría a través de la ley.
Los 1,100 millones de dólares destinados a la preservación de los Everglades en Florida para 2022 empequeñecían cualquier otro proyecto del país, pero DeSantis y los republicanos del Congreso del estado lo tacharon de insuficiente, porque no incluía la financiación de la parte del proyecto relativa al financiamiento de Everglades Agricultural Area Reservoir.
Landrieu, el ex alcalde de Nueva Orleans, dijo que la Casa Blanca trataría de acomodar las solicitudes de los gobernadores lo mejor posible dentro de los límites de la forma en que la ley fue escrita.
"Cuando se trata de 50 estados, hay muchas formas diferentes de hacer las cosas", dijo. "Y vamos a intentar trabajar con ellos en la medida en que podamos".
Los gobernadores republicanos se han opuesto antes a los programas federales dirigidos por los demócratas, sobre todo después de que el presidente Barack Obama firmara en 2010 una nueva ley de asistencia sanitaria que ampliaba el acceso a Medicaid. Sin embargo, una sentencia judicial permitió a los estados rechazar dinero federal para ampliar el acceso al seguro médico, algo que una docena de ellos sigue haciendo más de una década después.
Pero Landrieu insiste en que el dinero destinado a mejorar las infraestructuras físicas es diferente, y añade que algunas de las primeras críticas no le preocupan. Ha hablado con 43 gobernadores en los 75 días transcurridos desde su nombramiento y describe esas conversaciones como receptivas.
Sin embargo, no todos los gobernadores le han devuelto la llamada: Landrieu dice que ha llamado a DeSantis "un par de veces" pero que aún no ha hablado con el gobernador, aunque dijo que sí habló con su jefe de gabinete.
"Los gobernadores están ocupados, y está perfectamente bien ponerse en contacto a través de su jefe de personal", dijo.
Andy Winkler, director de proyectos de vivienda e infraestructura en el Centro de Política Bipartidista, con sede en Washington, dijo que el acercamiento de Landrieu a los funcionarios republicanos es crucial, porque la ley le dará a los gobiernos estatales y locales una significativa autoridad para gastar.
"Solo hay un puñado de fondos sobre los que la administración tiene pleno control, por lo que, si no trabajan bien con la gente, ninguna de sus prioridades clave va a avanzar", dijo Winkler.
"Creo que es importante mantener ese tono abierto, ese tono optimista de que se trata de una victoria para el país si trabajamos juntos para destinar ese dinero a proyectos de impacto", añadió.
Landrieu se ganó la reputación de trabajar bien con los funcionarios republicanos de Luisiana como alcalde demócrata de Nueva Orleans, dijo Winkler.
Landrieu fue uno de los funcionarios de la administración Biden —junto con el presidente y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg— que se dirigió a la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos para hablar de la ley de infraestructuras, durante la reunión de la organización en enero en Washington.
"Creo que fue importante para iniciar el proceso de desmitificación", dijo Francis Suárez, el alcalde de Miami, presidente de la conferencia y uno de los pocos republicanos al frente de una gran ciudad.
"Creo que, bueno, ya sabes, como alcalde estoy dispuesto a trabajar con cualquiera que esté dispuesto a ayudar a mis residentes, en definitiva", dijo Suárez. "Y creo que, ya sabes, la Casa Blanca lo sabe".
En enero, Landrieu envió a los 50 gobernadores una carta en la que les pedía que nombraran a un coordinador de infraestructuras en sus estados, alguien responsable de ayudar a aplicar la ley en multitud de ámbitos, como el aumento del acceso a internet de banda ancha y la sustitución de las tuberías de agua. La respuesta ha sido buena hasta ahora, dijo.
"Independientemente de los retos que tengamos, ya sean políticos o ideológicos, la misión es lograrlo", dijo. "Vamos a encontrar la manera de hacerlo cueste lo que cueste".
Y añadió: "Solo le advierto a la gente que no se deje arrastrar por lo que dice Washington respecto a de qué tipo de rojo es la luz roja. Aquí hay una tendencia a no hacerlo. Solo digo que los alcaldes y los gobernadores de este país quieren llegar al 'sí', y estamos aquí para trabajar con ellos como socios para conseguirlo".
