TAMPA, Florida— Se llama Ley de Dignidad y proporcionaría un estatus legal a muchos de los 11 millones de inmigrantes que se calcula que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Presentado en febrero por la diputada de Miami María Elvira Salazar y copatrocinado por media docena de sus compañeros republicanos, el proyecto de ley representa un raro intento de abordar una preocupación nacional que no ha hecho más que crecer en las últimas décadas.
Pero la medida no ha logrado atraer un amplio apoyo hasta ahora, en parte debido a las condiciones que establece y a los límites que impone sobre quiénes serían elegibles. Los demócratas que controlan el Congreso, así como el presidente Joe Biden, han presentado sus propios planes de inmigración más amplios y también han encontrado obstáculos.
Mientras tanto, muchos de los 11 millones siguen preguntándose si alguna vez podrán salir de las sombras.
"Todo el mundo quiere saber si hay algo nuevo", dijo Isaret Jeffers, una activista de derechos humanos e inmigrante de México, quien visita dos veces por semana a los trabajadores agrícolas en Plant City, muchos de los cuales están aquí ilegalmente. "Siempre terminamos diciendo lo mismo: no pierdan la esperanza".
El proyecto de ley de Salazar le permitiría a los inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos durante más de cinco años permanecer y trabajar aquí sin la amenaza de la deportación. También les ofrece un camino hacia la ciudadanía, pero es largo: no podrían solicitar la residencia permanente y la tarjeta de residencia —requeridas antes de solicitar la ciudadanía— durante al menos 15 años.
Los inmigrantes elegibles deben registrarse en el gobierno, y es entonces cuando el reloj comienza a correr. Disponen de 10 años para "ajustarse a la ley", dijo Salazar, es decir, para pasar un control de antecedentes penales, trabajar o ser cuidador de la familia y pagar impuestos, así como un gravamen especial del 2 por ciento para financiar la seguridad fronteriza y un sistema de identificación electrónica.
Al final de los 10 años, los inmigrantes que reúnan los requisitos podrán permanecer en el país como trabajadores temporales con un visado renovable o inscribirse en lo que se denomina Programa de Redención, la vía del proyecto de ley para obtener la ciudadanía. Tendrían cinco años para aprender inglés y educación cívica estadounidense, al igual que llevar a cabo trabajos voluntarios locales o servicios comunitarios nacionales, así como contribuir con dinero adicional para un programa de formación de trabajadores. En ese momento podrían solicitar la tarjeta verde.
Los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, apodados Dreamers, pueden obtener un estatus legal completo más rápido si obtienen un título universitario, completan tres años de servicio en el ejército estadounidense o demuestran que han estado empleados durante al menos cuatro años.
Salazar, ex periodista de televisión e hija de refugiados cubanos, le dijo a Tampa Bay Times que su iniciativa es "el único proyecto de ley de inmigración razonable en el Congreso."
"Mi comunidad me envió a Washington, D.C., para luchar por ellos, y eso es lo que estoy haciendo con mi Ley de Dignidad", dijo. "Es lo correcto para mi distrito, para nuestro estado y para Estados Unidos".
Además de centrarse en los inmigrantes que viven en Estados Unidos, el proyecto de ley contiene disposiciones relativas a la seguridad fronteriza, a la aplicación de la ley y al fortalecimiento de la mano de obra y la economía estadounidenses.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de LIBRE Initiative, una organización con sede en Washington que se centra en los votantes hispanos y está afiliada al multimillonario conservador Charles Koch.
Las personas que viven en Estados Unidos de forma ilegal necesitan saber que "debe haber algún costo por infringir la ley", le dijo a Times Daniel Garza, presidente de LIBRE Initiative.
Allian Collazo, de San Petersburgo, quien trabaja en operaciones de base para la organización, dijo que "La Ley de Dignidad está cuidadosamente elaborada para abordar los principales desafíos de inmigración que enfrentamos actualmente".
Es "un gran paso en la dirección correcta" para los inmigrantes indocumentados, dijo Eli González, fundador y presidente de la Cámara de Comercio Hispana (USHCC) del Condado Pinellas.
"La Ley de Dignidad les da la tranquilidad de que, si hacen lo que se les pide a los ciudadanos de este país —obedecer la ley y pagar sus impuestos— el gobierno los aceptará", dijo González. "Ya no tendrían que temer la sensación de que podrían ser deportados".
La medida es humana y justa, dijo Simón Canasí, de 65 años, un ejecutivo bancario jubilado que fue nombrado Hombre Hispano del Año en 2019 por el Comité de Herencia Hispana de Tampa (MHHC).
"Hace tiempo que sostengo que, mientras los inmigrantes ilegales trabajen duro para lograr el sueño americano y obedezcan y respeten nuestras leyes, se les debe dar un camino justo para ser residentes permanentes legales", dijo Canasí.
Jeffers, activista de los derechos humanos, no ve ningún progreso para los inmigrantes indocumentados en las condiciones, limitaciones y tarifas establecidas en la Ley de Dignidad.
"Somos familias y trabajadores vulnerables con un salario muy bajo", dijo Jeffers, fundador de la organización de defensa de los trabajadores agrícolas Colectivo Árbol. "Este proyecto de ley está muy lejos de darnos dignidad".
Esa opinión es compartida por Cirenio Cervantes, de 27 años, un llamado Dreamer que trabaja con Faith in Florida, una organización sin fines de lucro que aboga por los inmigrantes y otras personas que viven en la pobreza.
"Cualquier conversación acerca de inmigración debe incluir disposiciones sobre la reunificación familiar y una vía para la ciudadanía para todos los que llaman a este país su hogar", dijo Cervantes, quien vino de México y vive en Mulberry.
La trabajadora agrícola Rocío Macedonio, de 43 años, tiene una preocupación práctica respecto a la legislación propuesta: dijo que ella y su esposo no pueden pagar los 1,000 dólares anuales que se les exige a cada uno durante los 10 años del programa "Dignidad". Su pago total ascendería a 20,000 dólares.
Macedonio y su esposo, Isaías, de 44 años, trabajador de la construcción, llegaron ilegalmente desde México hace 24 años. Viven en una casa móvil de Lithia con sus cuatro hijos, de 8 a 21 años, todos ellos ciudadanos estadounidenses de nacimiento.
"Es sencillo: no somos ricos", dijo Macedonio. "No tenemos ahorros. Vivimos de cheque en cheque".
La diputada Kathy Castor, demócrata de Tampa, copatrocinó las medidas demócratas de inmigración que se han estancado en el Congreso, llamadas Ley de Promesa y Sueño Americano y Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola.
Castor no hizo ningún comentario en lo relacionado con la Ley de Dignidad, sino que instó a la aprobación de las propias medidas de su partido en el Senado políticamente dividido.
"Insto a los floridanos y a los colegas en el Congreso a presionar al Senado de Estados Unidos para ayudar a que esta legislación pase por la línea de meta", Castor le dijo a Times en un correo electrónico, "para beneficiar a las familias y las empresas que necesitan trabajadores con talento y un país que depende de las fronteras seguras".
