WASHINGTON— Muhammad, miembro de un grupo minoritario que es perseguido en Pakistán, sueña con convertirse en abogado —concretamente en abogado de inmigración— para poder ayudar a personas como él.
Este joven de 28 años, quien ahora trabaja como investigador en una universidad de Ivy League, ha recibido asilo, una estricta norma bajo la que pueden resguardarse quienes sufren persecución en sus países de origen por su raza, religión o creencias políticas.
Pero la larga espera de Muhammad para obtener la tarjeta verde ha volcado sus planes. Fue aceptado en la facultad de derecho para el otoño de 2020, pero no podía pagarla sin la matrícula estatal, solo disponible para los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes. Ha aplazado la matrícula los dos últimos años, con la esperanza de que su tarjeta verde fuera aprobada a tiempo.
"Pensé que podría ser un buen defensor de la gente que está pasando por el mismo proceso", dijo Muhammad, quien pidió que se le llamara solo por su nombre de pila por miedo a las repercusiones de inmigración.
Con abril como fecha límite para aceptar su plaza para el otoño de 2022 acercándose rápidamente, y más de un año después de presentar su solicitud de tarjeta verde, Muhammad todavía está esperando... y llegó al máximo en los aplazamientos permitidos.
"Está afectando la trayectoria de mi carrera", dijo respecto al retraso. "Tiene una repercusión financiera y académica en alguien que realmente intenta llegar a fin de mes".
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia de Seguridad Nacional (DHS) encargada de tramitar las solicitudes de prestaciones de inmigración, lleva varios años sufriendo retrasos en su tramitación, en parte causados por la pandemia del COVID-19.
En el caso de las solicitudes de tarjeta verde presentadas por personas con asilo, la espera oscila entre 25 y 52 meses, es decir, más de cuatro años, según el sitio web de USCIS.
El director de USCIS, Ur Jaddou, se comprometió a solucionar estos largos tiempos de espera. La agencia ha eliminado algunas de las capas de burocracia de la administración anterior, como la eliminación de los requisitos de huellas dactilares duplicados y la facilitación de la renovación de los visados de trabajo.
El martes, el presidente Joe Biden firmó la ley de financiación para el año fiscal 2022, que incluye 409.5 millones de dólares para USCIS, financiado principalmente por medio de cuotas, incluido el dinero destinado a resolver los retrasos.
El alivio puede estar llegando, pero los cambios aún no se sienten sobre el terreno. Y, ahora, los inmigrantes que solicitan convertirse en residentes permanentes después de que se les haya concedido el asilo se enfrentan a "algunos de los retrasos más largos entre la población inmigrante en general que está tratando de ajustar su estatus", dijo Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP).
"El problema para ellos, creo, es peor que para otros grupos", dijo Cruz. "En cuanto a las estadísticas, es peor. El retraso es mayor".
USCIS procesó más de 570,000 solicitudes de residencia permanente en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. La mayoría de ellas eran para ciudadanos extranjeros que solicitaban ajustar su estatus a través de un familiar o de su empleador.
Mientras que USCIS recibe muchas menos solicitudes de tarjeta verde de personas con asilo, una población más pequeña, los datos muestran que la agencia procesa esas solicitudes a un ritmo bajo en relación con el número de solicitudes entrantes.
USCIS procesó nada menos que 22,000 solicitudes de tarjeta verde basadas en el asilo el pasado año fiscal, y recibió casi 45,000 nuevas. Esto significa que USCIS recibió más del doble de esas solicitudes de las que adjudicó el año pasado, lo que la convierte en la categoría de tarjeta verde con la tasa de procesamiento más baja.
Esto dejó un retraso de casi 88,000 pendientes a finales del pasado otoño, todas ellas solicitudes de residencia permanente para personas con asilo.
Jennifer Bibby-Gerth, abogada gerente sénior de Catholic Charities y ex funcionaria de asilo de USCIS, comenzó a notar retrasos en las solicitudes de residencia permanente para sus clientes con asilo en 2020.
"Hace unos años, el tiempo típico de espera era de un año. Ahora tengo casos pendientes de más de dos y medio, y aún no hay decisión", dijo.
Los datos lo confirman: en el año fiscal 2019, USCIS procesó más de 27,000 solicitudes de tarjeta verde de personas con asilo, más de lo que procesó el año fiscal pasado, mientras que recibió menos formularios nuevos; la agencia terminó ese año fiscal con aproximadamente 38,000 solicitudes aún pendientes, menos de la mitad del atraso actual.
Para las personas a las que se les concede el asilo, los largos tiempos de espera son más que una molestia.
Las personas que no tienen la tarjeta verde o la ciudadanía estadounidense no pueden ocupar ciertos puestos de trabajo en el ejército o el gobierno federal, disfrutar de una matrícula estatal en las universidades ni acceder a ciertos préstamos u otros beneficios locales, dependiendo de su estado de residencia, y tampoco pueden patrocinar a familiares que aún viven en el extranjero para que se reúnan con ellos en Estados Unidos con la tarjeta verde.
Ama, un asilado sirio que pidió que se le mencionara solo por su apellido por temor a represalias contra su familia, dijo que su reciente solicitud para refinanciar su casa fue denegada debido a su estatus migratorio.
Ama solicitó asilo en 2014 y se le concedió el estatus cuatro años después. Ahora es profesor en Nueva Inglaterra y solicitó su tarjeta verde en 2019, tan pronto como fue elegible. Su solicitud sigue pendiente casi tres años después. Tampoco ha visto a su madre, quien aún vive en Siria, en más de una década.
"Toda mi vida está pendiente ahora mismo", dijo.
Matthew Bourke, un portavoz de USCIS, dijo que la agencia "todavía está experimentando los efectos transformadores de la pandemia por COVID-19".
Sin embargo, USCIS "ha implementado nuevas políticas y mejoras operativas, para reducir tanto el número de casos pendientes como los tiempos de procesamiento en general", y está "activamente cubriendo los puestos vacantes" después de una pausa en la contratación, dijo en un comunicado.
También se espera que la reciente financiación del Congreso "mejore los tiempos de tramitación y reduzca los casos pendientes", dijo Bourke.
Cruz dijo que los largos tiempos de espera no indican necesariamente malicia o intención por parte de USCIS o de la administración Biden.
"Pero, por desgracia, los retrasos perjudican a los inmigrantes. Perjudican a los asilados", dijo. "No importa si lo hacen a propósito o no".
Para las personas asiladas que esperan una tarjeta verde, ese retraso no es el único al que se enfrentan.
A algunos inicialmente se les denegó el asilo por parte de USCIS y posteriormente un juez de inmigración les concedió la protección, lo que ha hecho que sus casos se alarguen durante años mientras navegan por el atascado sistema judicial de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ).
Los plazos de tramitación de los documentos de autorización de empleo también han aumentado en los últimos años, y los solicitantes de asilo pueden esperar hasta un año para que la agencia apruebe sus solicitudes de permiso de trabajo una vez presentadas.
Una vez concedido el asilo, siguen enfrentándose a largas esperas para los documentos de autorización de viaje y trabajo mientras esperan sus tarjetas verdes.
Los tiempos de espera para los documentos de viaje de los refugiados, que le permiten viajar al extranjero a las personas a las que se les ha concedido el asilo o el estatus de refugiado, actualmente superan los 13 meses. Y aunque los documentos de empleo no son necesarios para que las personas a las que se les ha concedido el asilo puedan trabajar legalmente en el país, pueden ser útiles a la hora de demostrarle a las empresas su posibilidad de trabajar y de obtener el permiso de conducir.
Todos estos retrasos agravan el número de años que estas personas deben esperar antes de alcanzar lo que, para muchos, es su objetivo final: la ciudadanía estadounidense. Los ciudadanos extranjeros pueden solicitar la residencia permanente un año después de que se les conceda el asilo y la ciudadanía cinco años después de que se apruebe su solicitud de residencia permanente.
Sin embargo, los años de espera de estas aprobaciones no cuentan para ese requisito de residencia.
"Para las personas que han huido de la persecución, nunca van a tener una sensación plena de seguridad y protección sino hasta que puedan decir que son ciudadanos estadounidenses y que tienen un nuevo pasaporte, un nuevo país en el que no solo viven, sino que también esperan que los proteja", dijo Cruz. "La realidad es que el retraso de los asilados ha creado, básicamente, un retraso para la ciudadanía".
Ama, el profesor sirio asilado, destacó que le encanta Estados Unidos.
"Considero este país como mi país. Hay una gran bandera estadounidense en mi patio, de verdad", dijo, mostrando la bandera visible por su ventana durante una entrevista en video.
Pero sus hijos, uno de los cuales nació aquí, se esfuerzan por entender por qué la familia aún no es ciudadana y no puede viajar al extranjero como hacen otros. Todo lo que él quiere, dice, es una respuesta de la agencia acerca de su caso.
"Soy un ser humano. No soy un número", dijo.
