Para Perla Hernández, de 42 años, laborar durante la pandemia en un Burger King en las afueras de San José ha sido una experiencia desgarradora.
Ocho de sus compañeros contrajeron COVID-19 durante sus dos años en la empresa. Entre ellos, un supervisor cuya prueba positiva se le ocultó mientras trabajaba horas con él, y otro gerente le rogó que no se marchara porque el restaurante tenía muy poco personal.
La empresa le proporcionó una mascarilla y guantes protectores al comienzo de la pandemia, pero no se encargó de reemplazarlos, a pesar de que éstos estaban hechos trizas antes de que terminara su turno.
En la parte de atrás del restaurante, donde Hernández trabaja como cocinera, no hay aire acondicionado. Cuando se lesionó en el trabajo y debió quedarse en casa durante ocho días, con puntos en ambas piernas, no recibió pago por enfermedad. "Necesitamos el empleo, así que tenemos que hacer lo que pidan los gerentes", dijo a través de un intérprete.
Hernández no es la única que siente presión para trabajar durante la pandemia, sin importar la carga de las tareas o los riesgos para la salud que implique.
"Solo usa mascarilla y no se lo cuentes a nadie", le dijo el gerente de un Jack in the Box en Folsom a la trabajadora María Bernal, después de que pareció contraer el COVID-19, según una denuncia del 14 de enero que la empleada presentó ante el Departamento de Salud Pública del condado de Sacramento.
La industria de la comida rápida ha sido durante mucho tiempo un rincón oscuro del ámbito laboral estadounidense. Ahora, California está lista para poner algo de luz allí.
El lunes, la Asamblea estatal aprobó la AB 257, una medida que por primera vez impondría estándares laborales a toda la industria en California. El proyecto de ley obtuvo 41 votos, el mínimo necesario para su validación, y ahora va camino al Senado estatal.
Puede que no haya una disposición más consecuente para los derechos laborales en Sacramento en esta sesión.
La llamada Ley de Recuperación Rápida (el nombre completo es Ley de Recuperación de Estándares y Responsabilidad de Comida Rápida) crearía un consejo de la industria de ese sector con el poder de establecer esquemas estatales para salarios, horas de trabajo, licencia por enfermedad, capacitación y condiciones laborales, aplicables a los más de 550.000 empleados del gremio en California, la mano de obra más grande del país.
"Son algunos de los trabajadores esenciales peor pagados y menos protegidos de nuestro estado", afirmó Tia Orr, directora ejecutiva interina del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, el patrocinador de AB 257. De ellos, el 80% son personas de color y el 60% son latinos y latinas.
El objetivo, expuso Orr, es dar voz a esos trabajadores y, de hecho, a los franquiciados también. El proyecto de ley prohibiría la discriminación o las represalias contra cualquier empleado por identificar violaciones en el ámbito laboral. Quizá lo más importante es que haría que los franquiciadores fueran responsables conjuntamente con sus franquiciados por tales infracciones. Eso representaría un cambio drástico y largamente esperado en el modelo comercial existente.
La principal razón de las vergonzosas condiciones de trabajo en la industria de la comida rápida es su fragmentación en franquiciadores y franquiciados.
Las primeras son las grandes empresas de marca, como McDonald's y Burger King, que abastecen a decenas de miles de sus restaurantes con suministros y apoyo publicitario, e insisten en que cumplan con los estándares del nombre comercial: uniformes, diseños y ubicaciones de los locales, etcétera.
Por lo general, las grandes marcas manejan un puñado de restaurantes directamente y colocan la gran mayoría en manos de franquiciados. Los propietarios y operadores reales de esos locales se representan tradicionalmente como pequeñas empresas, esas supuestas piedras angulares del comercio estadounidense.
Cada vez que algo sale mal en los restaurantes -robo de salarios, acosos, prácticas inseguras e insalubres y otras violaciones de las normas laborales- los franquiciadores responsabilizan a los franquiciados.
Los establecimientos de franquicias "son pequeñas empresas de propiedad local que operan bajo una marca o identidad nacional", afirmó la Asociación Internacional de Franquicias, un grupo de cabildeo que representa principalmente a los franquiciadores, en un comunicado en el cual se opuso a la AB 257.
El proyecto de ley, expuso la entidad, "supone de forma incorrecta y llega a la conclusión errónea de que el franquiciador y el franquiciado tienen cierto control colectivo sobre los asuntos comerciales cotidianos de cada uno".
Esto es solo una excusa. "Las corporaciones globales poderosas como McDonald's usan el modelo de franquicia para asegurarse de obtener ganancias del negocio", observaron en diciembre Catherine L. Fisk y Amy W. Reavis, de la facultad de Derecho de UC Berkeley. "Controlan los precios y gran parte del poder sobre la calidad, los horarios y otras operaciones, y el franquiciado […] no tiene otra forma de aumentar sus ingresos que reduciendo los costos de mano de obra".
El resultado, escribieron, es que "los operadores no pagan los salarios a los que tienen derecho los trabajadores, niegan las licencias por enfermedad, ignoran el acoso, los riesgos para la seguridad o la transmisión de enfermedades; sus franquiciadores los presionan tanto que hay pocos incentivos para cumplir con la ley".
David Weil, ex funcionario del Departamento de Trabajo durante la presidencia de Obama y actualmente nominado por la administración Biden para su antiguo puesto, documentó en su libro de 2014 "The Fissured Workplace" (El ambiente laboral quebrado) que la mitad de las 20 principales marcas de franquicias "no tenían infracciones ni debían salarios atrasados en cualquiera de los puntos de venta propiedad de la empresa, aunque los franquiciados en esas mismas compañías a menudo debían sueldos demorados sustanciales a los empleados".
Las investigaciones de violaciones de salarios y horarios generalmente encontraron que los sueldos atrasados eran un 50% más altos en los locales de los franquiciados que en aquellos de propiedad de la empresa, descubrió Weil.
¿Qué obtienen las grandes empresas al reducir los gastos a los franquiciados? Ganancias, mientras sus trabajadores de primera línea están atascados en el salario mínimo, cuando éste no es robado a través de horas extras forzadas y no remuneradas.
McDonald's reportó ingresos netos en el 2020 de 7.300 millones de dólares sobre ventas de 19.200 millones de dólares; Yum Brands (propietaria de KFC, Pizza Hut, Taco Bell y The Habit), 1.570 millones de dólares de ganancia en entradas de 6.400 millones de dólares; y Restaurant Brands International, la matriz de Burger King, una ganancia de 750 millones sobre ventas de 5.000 millones de dólares.
"En el lado corporativo, hay miles de millones de dólares en ganancias que deben compartirse con las personas que trabajan todos los días para generarlas", remarcó Orr.
Los grandes franquiciadores tienden a salirse con la suya en Washington. Por ejemplo, pudieron reprimir la nominación de Weil por parte del presidente Biden como regulador de salarios y horarios en el Departamento de Trabajo. ¿Cuál es su objeción? Que, como portavoz a largo plazo de los derechos de los trabajadores, sería un poderoso guardián.
Para los McDonald's y Burger King del mundo, lo que el Wall Street Journal describió como las "simpatías gremiales" de Weil, lo hacen "no apto" para servir en una agencia dedicada a velar por los intereses de los trabajadores.
La mayor amenaza para el modelo comercial de la industria de la comida rápida es el estándar de contratante conjunto, que haría que empresas como McDonald's fueran responsables de las condiciones laborales en las tiendas de sus franquiciados. No debería sorprender, entonces, que hayan luchado ferozmente contra las regulaciones conjuntas de empleadores a nivel federal y estatal.
Durante el gobierno de Obama, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) anuló las artimañas a través de las cuales los grandes empleadores pasaban a los subcontratistas su responsabilidad por las condiciones de trabajo y los salarios. La NLRB de Trump emitió una regla que, en efecto, absolvió a las grandes empresas de ese compromiso. Ahora, con Biden, la junta está lista para restaurar esa normativa de la era de Obama, que hace temblar a los franquiciadores por anticipado.
Apenas el mes pasado, Coalition for a Democratic Workplace, que a pesar de su nombre es un grupo de presión para la industria y las cámaras de comercio, exigió que dos miembros demócratas prolaborales de la NLRB recién llegados se abstuvieran de los casos relacionados con el estándar de empleador conjunto u otras cuestiones relacionadas con el sector de la comida rápida.
La industria de las franquicias y otros críticos han tratado de retratar al AB 257 como un asesino de la economía. La Asociación Internacional de Franquicias lamentó la inminente desaparición del sector de la comida rápida si se aprueba el proyecto de ley: "Tendrá un impacto desastroso en los miles de restaurantes de franquicia en todo el estado y desmantelará efectivamente el modelo comercial", expresó el portavoz Jeff Hanscom.
El asambleísta Kelly Seyarto (R-Murrieta) predijo que el proyecto alejaría a "franquicias enteras y marcas de California". Eso suena como una broma, como si cualquier cadena comercial pensara tan fácilmente en abandonar el estado más grande de la Unión.
La asociación de franquicias también afirmó que la medida pondría la regulación laboral en manos de un consejo "que no rinde cuentas ante la Legislatura y es externo".
A lo mejor el equipo de expertos de la entidad no se molestó en leer el proyecto de ley antes de emitir su postura. Éste establece específicamente que la Legislatura tendría 60 días para pronunciarse sobre cualquier estándar ideado por el consejo, y que, en ningún caso, el grupo podría idear un esquema más débil que en el estatuto existente.
En todo caso, los 11 integrantes del Consejo Sectorial de Comida Rápida serían designados por el gobernador, el presidente de la Asamblea y la Comisión de Reglamento del Senado. El organismo tendría que incluir representantes de las agencias reguladoras estatales de salud pública, seguridad y medicina del trabajo, normas laborales y relaciones industriales, así como a seis portavoces de los franquiciados, concesionarios y empleados.
Hasta este momento, las únicas voces que importaron en el debate sobre cómo se trata a los empleados de comida rápida han sido los franquiciadores. Es hora de que los demás sean escuchados.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.
