WASHINGTON— Si los republicanos toman una o ambas cámaras del Congreso en noviembre, no te sorprendas si el fortalecimiento de las finanzas de la Seguro Social se convierte en un área de enfoque bipartidista.
Ya se han hecho declaraciones de este tipo en el pasado, para luego desaparecer en la siguiente campaña electoral. Pero el espíritu de compromiso que animó las discusiones en torno al paquete bipartidista de infraestructuras del año pasado parece estar colándose en las incipientes conversaciones respecto a 'hacer por fin, de verdad, esta vez no bromeamos', algo para evitar la insolvencia de la Seguro Social.
Las perspectivas parecen más halagüeñas ahora en el Senado, en donde los veteranos de anteriores "pandillas" bipartidistas han empezado a hablar de la necesidad de hacer arreglos.
Entre ellos se encuentran los republicanos Mitt Romney, de Utah, y Bill Cassidy, de Luisiana, así como Richard J. Durbin, de Illinois, el demócrata número dos de la cámara; Joe Manchin III, demócrata de Virginia Occidental, el siempre crítico voto decisivo; y Angus King, de Maine, un independiente que se alinea con los demócratas.
King y Romney son los principales patrocinadores de la legislación que crearía "comités de rescate", encargados de presentar propuestas para arreglar el Seguro Social y otros fondos fiduciarios con problemas financieros.
El jueves, King dijo, en declaraciones grabadas para un debate organizado por el grupo de defensa Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), que la idea sería una reminiscencia de la comisión del Seguro Social dirigida por el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que dio lugar a arreglos legislativos en 1983. Esa medida ayudó a extender la solvencia del programa hasta la década de 2030, dijo King, que "como sabemos, eso no está muy lejos ahora".
Fiel a su estilo, el último informe de los fideicomisarios del Seguro Social predice que solo habrá dinero suficiente para pagar el 76 por ciento de las prestaciones programadas a partir de 2033. "Las cifras no mienten", dijo King. "Es un problema que tenemos que abordar, cuanto antes mejor".
Romney dijo, durante el mismo evento, que Cassidy ha estado sondeando discretamente a los senadores de ambos partidos en lo referente algunas ideas del Seguro Social, que no está dispuesto a discutir públicamente. Al igual que King y Romney, Cassidy es un veterano de las conversaciones acerca del proyecto de ley de infraestructuras, y es miembro de Finanzas del Senado, que tiene jurisdicción sobre el Seguro Social.
Cassidy también es copatrocinador del proyecto de reforma del fondo fiduciario de Romney y King, al igual que los miembros de Finanzas del Partido Republicano Todd Young, de Indiana, y John Cornyn, de Texas. El demócrata de Finanzas de Virginia, Mark Warner, también está en ese proyecto, junto con Manchin y Kyrsten Sinema, de Arizona, más miembros de la pandillade negociación de infraestructuras.
Durbin no está en ese proyecto de ley, pero Romney comentó que recientemente le dijo "estoy dispuesto a trabajar con usted para salvar el Seguro Social". La oficina de Durbin no pudo confirmar esa conversación, pero eso no es inusual dada la frecuencia con la que los senadores interactúan informalmente entre sí.
Durbin ha participado antes en conversaciones bipartidistas referentes a posibles "grandes acuerdos" para reducir el déficit y la deuda; asimismo, fue uno de los 11 miembros de la comisión fiscal Simpson-Bowles en 2010 —que al final no contó con una mayoría bipartidista suficiente para tener éxito—, que respaldó un amplio conjunto de recomendaciones, entre las que se incluían arreglos para el Seguro Social, los cuales habrían aumentado los impuestos y recortado las prestaciones al tiempo que aumentaban gradualmente la edad de jubilación.
Una de esas recomendaciones era aumentar gradualmente la parte de los salarios que están cubiertos por los impuestos laborales del Seguro Social, la principal fuente de financiación del programa, que se indexa según la inflación cada año y que actualmente se sitúa en 147,000 dólares para 2022. A los salarios de hasta ese límite se les aplican impuestos con un 6.2 por ciento, pagado tanto por el empleado como por el empleador.
El impuesto ya no está a la altura de los pagos de las prestaciones y se está quedando atrás a medida que aumenta la población de jubilados. Así que, a pesar de la reserva de 2.8 billones de dólares del fondo fiduciario, dentro de unos 11 años los beneficiarios tendrán que sufrir un importante recorte, sin opción.
Simpson-Bowles habría aumentado gradualmente el umbral salarial, por debajo del cual se aplica el impuesto del Seguro Social, hasta alcanzar el 90 por ciento de todos los "ingresos cubiertos" o sueldos y salarios de Estados Unidos.
Esa cifra se especificó en un conjunto de correcciones legislativas de 1977, que finalmente se alcanzó en 1982 antes de iniciar un largo y lento descenso hasta el 83 por ciento actual, a medida que aumentaba la desigualdad de ingresos y las ganancias en la parte superior de la escala de ingresos superaban continuamente los aumentos inflacionistas del límite de impuestos del Seguro Social.
Las prestaciones del Seguro Social están vinculadas a lo que se gana y se le paga al fondo fiduciario durante los años de trabajo, un vínculo que ha sido fundamental para mantener el apoyo bipartidista al programa. Simpson-Bowles y otras medidas similares han tratado de reducir las prestaciones de las personas con mayores ingresos, lo que resulta controversial, pero la alternativa es que las prestaciones sean mucho más altas para los jubilados más ricos, lo que tampoco es políticamente aceptable.
Incluso con la firme estructura de su plan, el aumento de la parte fiscal de los ingresos solo cerraría alrededor del 19 por ciento del déficit a largo plazo del programa, según los actuarios del Seguro Social. Se necesitaba mucho más en el lado de los gastos, lo que llevó a los críticos de la izquierda a juzgar que Simpson-Bowles no habría dejado a los ancianos con lo suficiente para comer. Algunos lo apodaron la "comisión de alimento para gatos".
Algunos demócratas, incluido Manchin, dicen que se puede hacer más para aumentar los impuestos del Seguro Social. Él y otros han propuesto eliminar el actual tope del impuesto laboral para que afecte a la parte superior de la escala de ingresos, como hicieron los responsables políticos con Medicare en la ley de conciliación presupuestaria de 1993.
"Quiten el límite", dijo Manchin en un programa de radio en Virginia Occidental, Talkline con Hoppy Kercheval, el 10 de febrero.
Aumentar el máximo fiscal hasta que cubra el 90 por ciento de los ingresos cubiertos en la actualidad haría que el límite pasara de 147,000 a 337,500 dólares, según Stephen C. Goss, actuario jefe del Seguro Social. Manchin dijo que elevaría esa cifra "de la noche a la mañana" a 400,000 dólares.
Hacerlo supondría incumplir la promesa del presidente Joe Biden de no subir los impuestos a quienes ganen menos de 400,000 dólares. Manchin también quiere aumentarle los impuestos a los ricos, pero no está de acuerdo con el umbral de 400,000 dólares.
"No se puede simplemente decir, está bien, si ganas menos de 400,000 dólares no subiremos nada", dijo Manchin. "La conclusión es que deberíamos quitar el límite, aumentar eso para que tengamos estabilidad financiera".
Los principales demócratas quieren adoptar el enfoque opuesto: dejar el umbral actual, pero empezar a aplicar de nuevo el impuesto laboral una vez que los ingresos alcancen los 400,000 dólares, lo cual se combinaría con una serie de cambios que reforzarían las prestaciones, especialmente para los beneficiarios de menores ingresos y de mayor edad. Este es un proyecto de ley del presidente del Subcomité de Medios y Arbitrios del Seguro Social, John B. Larson, demócrata de Connecticut, que refleja gran parte del plan de Biden y cuenta con 200 copatrocinadores.
Pero ninguno es republicano, y los actuarios del Seguro Social estiman que el proyecto de Larson solo prolongará la solvencia del fondo fiduciario durante cinco años. Además, las normas de conciliación presupuestaria impiden modificar los impuestos o las prestaciones del Seguro Social, por lo que los partidarios del proyecto de Larson o de otros similares necesitarían 60 votos del Senado.
El Seguro Social y Medicare son las dos mayores cargas a largo plazo para las finanzas del gobierno de Estados Unidos. Medicare es probablemente más costoso a largo plazo y tiene una fecha de agotamiento de su fondo fiduciario aún más temprana, en 2026. Pero es más difícil de arreglar, ya que implica todo tipo de cálculos para intentar "cambiar la tendencia" de la inflación médica.
En una audiencia virtual de presupuesto de la Cámara de Representantes la semana pasada, el ex representante Mick Mulvaney, republicano de Carolina del Sur, quien fue director de presupuesto y jefe de personal interino del presidente Donald Trump, le dijo al panel que era más sencillo lidiar con el Seguro Social, así como que los legisladores deberían considerar usar la fecha límite del máximo de endeudamiento del próximo año como un mecanismo para obligarlos a hacer algo.
"El Seguro Social es el tipo de cosa que necesita ser arreglada y que puede ser arreglada", dijo Mulvaney, llamándola "matemáticamente fácil".
Sonó un poco como Durbin, quien ya había dicho esto en 2013: "He dicho antes que el Seguro Social es un ejercicio simple de matemáticas; Medicare es cálculo avanzado. Podemos encontrar la manera de solucionar el Seguro Social".
Otros han hecho comentarios similares a lo largo de los años, incluso cuando el presidente George W. Bush y un Congreso del Partido Republicano hicieron de la revisión del Seguro Social una de sus principales prioridades en 2005, solo para que ese esfuerzo quedara en nada y fuera usado en su contra en las elecciones de mitad de periodo en 2006.
Un gobierno dividido es probablemente una mejor oportunidad para que ambos partidos puedan compartir la culpa o el crédito. Pero, con la izquierda y la derecha dispuestas a atacar, nunca es seguro afirmar que la revisión del Seguro Social será un éxito.
Por ejemplo el representante Glenn Grothman, republicano de Washington, quien en la audiencia en relación al presupuesto de la Cámara de Representantes calificó los estrictos límites de gasto discrecional impuestos en 2011 como "tal vez la mejor pieza de política pública que hemos visto en los últimos 20 años". Pero, aunque hay pocos programas federales que a Grothman no le gustaría recortar, el Seguro Social no es uno de ellos.
"Personalmente, no creo que debamos recortar nunca el Seguro Social", dijo Grothman. "La gente ha pagado por ello; es lo único que no deberíamos recortar".
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(Lindsey McPherson contribuyó a este informe).
